Respuesta a carta abierta a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia | abril 10 de 2019

Bogotá D.C. 10 de abril de 2019                                                                        R–0411-19    
 
 
Señores

Representantes 
COMISIONES NEGOCIADORAS EMPLEADOS PÚBLICOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 2019 
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESORES UNIVERSITARIOS, ASPU
SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA, SINTRAUNICOL
INDICATO MIXTO DE TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES, SINTRAUNAL
Bogotá

 
Asunto:       Respuesta a carta abierta a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia
 

Respetados señores,

 
Con relación a la carta abierta a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia del pasado 27 de marzo de 2019, me permito expresar lo siguiente:   


Los miembros de esta comunidad académica y de esta comunidad universitaria estamos a cargo del servicio público de la educación, de manera que el interés superior que debe animar nuestras acciones es la promoción y defensa de la educación pública de alta calidad.


Dada la estructura y la organización interna de nuestra Universidad, los miembros de los órganos de administración y dirección son los mismos docentes que, sin desprenderse de su labor académica, cumplen de manera transitoria funciones administrativas.        


En el marco del proceso de negociación colectiva en curso, la Universidad Nacional de Colombia (como ente universitario autónomo público) ha cumplido a cabalidad las disposiciones reglamentarias contenidas en el Decreto 160 de 2014, decreto que fue compilado en el capítulo 4 del Título 2 del Decreto 1072 de 2015.


Cabe aclarar que dicha normatividad no fija procedimientos, calidades o condiciones específicas para la designación de los negociadores por parte de las entidades del Estado pero sí dispone, para ambas partes, que  los negociadores designados se consideran investidos de la representatividad y, por tanto, de la competencia suficiente para negociar sobre las condiciones de empleo y llegar a acuerdos como resultado esperado de dicha negociación. 


En otras palabras, si se cumplen las formalidades fijadas por el Decreto 160 de 2014 para la conformación de la comisión negociadora, tanto de las entidades del Estado como de los sindicatos de sus empleados públicos, esa comisión, una vez integrada, queda investida de las facultades y la legitimidad suficientes para negociar y acordar en nombre de la parte que representa. 


Por otro lado, el alcance y las materias de negociación no son de libre disposición de las partes, pues el mismo Decreto 160 de 2014 en su artículo 5°establece que son materias de negociación “las condiciones del empleo” y “las relaciones entre las entidades y autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos para la concertación de las condiciones de empleo”. Más aún, la citada disposición enuncia las materias que no son objeto de negociación, de manera que excluye, entre otras, la estructura del Estado y la estructura orgánica e interna de sus entidades, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, incluyendo las disciplinarias, el mérito como esencia y fundamento de las carreras especiales y de la carrera administrativa en general y la potestad subordinante de la autoridad pública en la relación legal y reglamentaria. 


Finalmente, las alternativas de solución a las peticiones formuladas por las organizaciones sindicales que integran la mesa de negociación, deberán ser discutidas en el proceso de negociación dentro de un ambiente de confianza y respeto mutuo que contribuya a mejorar la calidad de las relaciones laborales.  


Cordialmente,

 

(original firmado)
DOLLY MONTOYA CASTAÑO
Rectora

 

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