100 hechos que ponen en duda la efectividad de las políticas de calidad y de fomento de la educación superior por parte del Estado

El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta 100 hechos que cuestionan la efectividad, impacto, equidad, uso adecuado de recursos, proyección de cobertura nacional y promoción de las IES, a través de programas impulsados desde el Ministerio de Educación como “Ser Pilo Paga”, “Tú Eliges”, las clasificaciones de IES que proyecta el Ministerio y la acreditación de alta calidad y su condicionamiento para orientar los créditos del Icetex, tal y como quedó contemplado en la Ley 1753 de 2015, o Plan Nacional de Desarrollo, que definió que a partir de 2018 los créditos estudiantiles del Icetex se destinarán únicamente a IES con acreditación institucional de alta calidad o a programas acreditados. 

La Ley 1740, las políticas de inspección y vigilancia y la posible Superintendencia de Educación no se mencionan aquí, y merecen un listado aparte.

Iría contra toda lógica de progreso social oponerse a que miles de brillantes estudiantes de escasos recursos accedan, becados, a la educación superior, o a que las IES tengan que ofrecer alta calidad y sus rentas se conserven adecuadamente. Eso sería como responder que no se quiere la paz en Colombia.

Otra cosa es que, estando de acuerdo en los objetivos, y como bien sirve de ejemplo lo que pasa con el proceso de paz, haya muy diversas opiniones y argumentaciones en torno de cómo lograr ese propósito, con qué recursos, a qué costo y con qué consecuencias.

DE LA FINALIDAD ESTATAL

1. Aunque el eslogan del Gobierno Santos y del Plan Nacional de Desarrollo prioriza la educación (“Todos  por un nuevo país. Paz, equidad, educación”), y muy pocas en la historia reciente del país se había hablado tanto de educación superior como en Santos I y Santos II, sus acciones representan una política de Gobierno, pero no de Estado.

2. La verdadera transformación de la educación superior pasa por su redefinición constitucional, estructural, legislativa y presupuestal, que comprometa a los siguientes gobiernos y a todo el país. Eso no se ha dado ni está previsto.

3. El próximo presidente (el que sea), vendrá con otra bandera y otro Plan de Desarrollo y, muy seguramente, la educación pasará a segundo plano.

4. A la luz de los hechos, las condiciones que está sembrando el presidente Santos para que 7 años después de que él y su equipo dejen la presidencia (en 2025), no permiten vislumbrar con una razonada posibilidad técnica, que Colombia pueda llegar a ser la Nación más educada de América Latina en 2025. Actualmente ocupa el séptimo lugar de la región en el ranking mundial de competitividad, y las decisiones y presupuestos no permiten inferir que habrá una radical transformación positiva de la educación como dinamizadora del país.

5. El actual Ministerio de Educación ha desechado los espacios de debate académico y recomendaciones que hizo el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU en el ”Acuerdo por lo Superior 2034”, o propuesta de Política Pública en Educación Superior para los próximos 20 años, en un activo proceso que reunió a la totalidad de actores del sistema que desearon participar.

6. La gran mayoría por no decir todos los Rectores, directivos, académicos, y hasta los funcionarios de segundo nivel del mismo Ministerio de Educación, desconocen hacia dónde se dirigen las políticas de la entidad en materia de educación superior.

7. Rectores, investigadores y directivos del sistema no son consultados sobre las políticas y se enteran a través de los medios de comunicación. El CESU es una pálido reflejo de lo que fue en 2013 y 2014.

FINANCIAMIENTO

8. Se habla que, como nunca, la educación tiene el más alto presupuesto en la historia del país, por encima del de la guerra. Su incremento se debió, fundamentalmente, para atender gastos de funcionamiento comprometidos por Santos I para la educación básica y la media, y sostener la eliminación de intereses del Icetex (que fue eliminada en el PND).

9. El modelo de financiamiento de la educación superior pública sigue siendo inercial y ajustado a lo definido en 1992. Pese a que todos los análisis técnicos indican que es imperativa su reforma, para ser más equitativa, y con más recursos, ésta no se ha hecho.

10. Aunque en la vigencia de la Ley 30 de 1992 se invirtió la matrícula entre IES públicas y privadas (ahora es mayoritaria la oficial), el financiamiento del Estado sigue inamovible. Desde la óptica de la asignación de recursos, las universidades grandes seguirán siendo grandes y las pequeñas padecen seguir condenadas a estar en segundo plano.

11. La relación de aportes del Estado a las universidades públicas versus las IES oficiales (distintas de las de régimen especial), tiene una relación que supera el 30 a 1. Hay varias IES oficiales que, aunque se identifiquen así, no reciben regularmente dineros del Estado.

12. Tres universidades públicas (Nacional, Antioquia y Valle) reciben un poco menos del 50% del presupuesto de transferencias del Estado. El restante se distribuye entre las demás 29 universidades públicas.

13. Las universidades públicas acreditadas institucionalmente son las que, por Ley 30, más recursos reciben de transferencias del Estado. Las que tienen problemas de calidad (como Pacífico, Sucre, Guajira, Amazonía y del Cesar, entre otras), son las que menos recursos reciben.

14. Los recursos adicionales que se han dado en los últimos años a las IES públicas, deben ser destinados a inversión pero no a funcionamiento, y no hacen base presupuestal. Es decir, las universidades públicas han mejorado en insfraestructura, pero aumentarán sus restricciones presupuestales para sostener todos los gastos de funcionamiento que demanden sus nuevas instalaciones y servicios.

15. De las muchas recomendaciones de la OECD y del Banco Mundial (Evaluación de las Políticas Nacionales de Educación Superior de Colombia, 2012) para que el país avance hacia los estándares del promedio internacional, el Gobierno ha ido caminando para aplicarse a casi todas. Una de las pocas recomendaciones, que no ha acogido Colombia, es la que sugiere que el actual modelo de financiamiento de la educación superior pública no tiene una verdadera fórmula que responda a las dinámicas actuales. Es inercial y retrogrado. 

CALIDAD Y ACREDITACION

16. Según la Ley 1188 de 2008, y su posterior decreto 1295 de 2010, ninguna IES del país puede ofertar y desarrollar un pregrado o posgrado sin el correspondiente registro calificado, que es el requisito obligatorio que demuestra que, para el Estado, reúne las condiciones básicas de operación con calidad.

17. La Ley 30 de 1992 es explícita en que La acreditación de alta calidad, tanto de programas, como la institucional, es temporal y voluntaria, porque responde a un proceso de excelencia académica en un medio que se basa por los méritos y realizaciones, y no por mínimos.

18. No tener registro calificado activo (nuevo o renovado) es una ilegalidad. No tener acreditación de alta calidad (activa o renovada) no significa estar desacreditado.

19. Para este Gobierno, tanto el Presidente, como la ministra de Educación y el director Nacional de Planeación, las IES que no tienen acreditación se asemejan a universidades de garaje.

20. ¿Qué es una universidad de garaje”?. Ese es un concepto político y mediático, pero no técnico. Desde esa lógica, muchas de las IES que hoy cuentan con acreditación y reconocimiento social, nacieron como “universidades de garaje”.

21. La acreditación es fundamentalmente una mirada académica, pero no abarca la totalidad de la realidad y el impacto social de las IES. Varias acreditadas institucionalmente, tienen poca visibilidad y prestigio. Muchas IES no acreditadas tienen un gran impacto, respeto, aprecio y demanda en sus regiones.

22. Tener acreditación de alta calidad, tampoco es un seguro contra el posible lucro de sus directivos, el desvío de recursos, las inversiones indebidas, el impacto negativo con el sector, la poca pulcritud en contratos de gestión de dineros con otras entidades, el favoritismo a ciertos directivos o comunidades académicas, o inclusive ambientes culturales complicados para un entorno educativo. El CNA mira tanto el texto académico, que se pierde en el bosque del contexto social y el “negocio” de las IES.

23. Vía nuevo Plan Nacional de Desarrollo se modificó la Ley 30 de 1992 y se volvió obligatoria la acreditación de las licenciaturas (artículo 222).

24. Los rectores de las universidades, al igual que la Universidad Pedagógica Nacional, que por Ley será la institución asesora del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios”, no fueron consultados por parte del Gobierno sobre la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, el último día y a última hora, la acreditación obligatoria para las licenciaturas.

25. La Universidad Pedagogica Nacional, pública, es por definición “formadora de formadores”, pero no participa en los programas de becas para formación en maestría de los docentes del país.

26. La responsabilidad constitucional de garantizar las condiciones de calidad del sistema de educación superior es del Ministerio de Educación, responsable de gestionar todo el proceso de registro calificado.

27. En lo corrido de la gestión de la ministra Gina Parody y la viceministra de Educación Superior Natalia Ariza, el sistema educativo ha desconocido opciones para revisar, evaluar concertadamente, documentar técnicamente o mejorar el proceso de registro calificado, de manera pública y concertada.

28. Si para el Gobierno Nacional no tener acreditación de alta calidad es un pecado social y una deshonra, entonces el registro calificado y la gestión de sus responsables ha fracasado.

29. La academia, por naturaleza, es contraria a la masificación, del pensamiento y de los procesos. Si la intención es que la mayoría de IES y programas tengan acreditación de alta calidad, se lograrán dos cosas: Se bajará el techo o el nivel de exigencia para cumplir las condiciones de alta calidad, y en el mediano plazo (5 a 10 años), la mayoría de académicos y la sociedad se estarán cuestionando por vedadera la calidad del Sistema Nacional de Acreditación, y estarán demandando un nuevo sistema de clasificación y segmentación elitista del conocimiento.

30. En los 22 años de vigencia de la Ley 30 de 1992 escasamente se ha llegado al 8-9% de pregrados  acreditados en alta calidad y al 13% de IES acreditadas institucionalmente.

31. Es difícil que en dos a tres años una IES se acredite institucionalmente en un proceso serio de calidad. La experiencia de los procesos de las que realmente se han comprometido, de corazón y dinero, con la calidad, indican que esto les lleva, como mínimo, cinco años.

32. Según el Ministerio, los egresados de las IES acreditadas reciben en promedio un 63% más de salario en el mercado laboral. Este reconocimiento no se da automáticamente por alcanzar la acreditación institucional, sino por el posicionamiento, visibilidad y prestigio de las IES. Por el contrario, incrementar el número de IES y programas con alta calidad va a permitir al mercado laboral tener más opciones de escoger candidatos y, al mismo tiempo, desvalorizar los salarios.

33. Si hay afán del Estado en que haya más programas acreditados en alta calidad, no se entiende cómo –incluso desde 2013- hay procesos con concepto positivo de parte del Consejo Nacional de Acreditación, que están detenidos en el Ministerio, pendientes de la firma de la Ministra de Educación.

34. Acreditar un programa dos o tres años después de la visita, que a su vez validó información curricular con uno o dos años de antigüedad, ¿no viola los principios de idoneidad  y pertinencia propios de la filosofía de la acreditación?

35. El Ministerio de Educación destaca la importancia y la necesidad de la acreditación de alta calidad, pero la ministra Gina Parody cuestiona la “pertinencia para la región” de los pregrados acreditados por la Universidad del Atlántico. Entonces, ¿sirve o no la acreditación de alta calidad?

36. Curiosamente, la misma ministra “desempolva” dos conceptos positivos de acreditación de dos pregrados de Uniatlántico, y en momento electoral de esa Universidad, va y le entrega públicamente dos nuevas acreditaciones.

SER PILO PAGA

37. El programa Ser Pilo Paga es un programa de este Gobierno, pero no una política de Estado. No hay ley que lo avale. Próximo Gobierno puede suspenderlo y próximos bachilleres se quedarán sin esta oportunidad.

38. Hay excelentes bachilleres de estratos 4 y hasta 5 (no beneficiados por Ser Pilo Paga) cuyas finanzas familiares no les permiten acceder a las mejores universidades privadas y no cuentan con apoyo estatal para ello.

39. En cientos de municipios del país hay niños – jóvenes, de estratos uno y dos, brillantes en su desarrollo intelectual, pero formados en entornos educativos de muy difíciles condiciones para asegurar que intelectualmente obtengan buenos resultados Saber 11.

40. Becar a los 40 mil bachilleres proyectados para el programa Ser Pilo Paga, en los cuatro años de Santos II, le costaría al país más de 3 billones de pesos ($3.000.000.000.000).

41. Las transferencias anuales del Estado a las 32 universidades públicas, con cerca de un millón de estudiantes, representan menos de 3 billones de pesos al año (2,7 billones aproximadamente).

42. Los 40 mil bachilleres que ahora se premien terminarán sus estudios hacia 2.022, lo que le significará al próximo gobierno, sea cual sea, comprometer más de un billón de pesos heredados de Santos II, y no gestionados por el próximo presidente.

43. Si el próximo Gobierno quiere suspender el programa de Ser Pilo Paga (por presupuesto), tendrá problemas de opinión pública.

44. Los estudiantes de Ser Pilo Paga que, independientemente de los motivos, no puedan terminar su programa, dejarán de ser becados para convertirse en deudores del sistema. Imagínese, por ejemplo, a un joven humilde campesino de provincia que haya decidido optar por cursar en La Universidad de los Andes un programa de Ingeniería, y que deba desertar porque sus padres fueron violentados por la guerrilla y tiene que regresar a velar por sus hermanos menores, quedará endeudado con el Estado.

45. Rectores de IES acreditadas han reconocido que, más allá de la buena voluntad y los esfuerzos, así como los conocimientos académicos de sus bachilleres pilos, la formación de sus instituciones demandan competencias más amplias de las que la misma prueba Saber 11 evalúa.

46. Incluso así se logre bajar a mínimos ideales la deserción de los bachilleres de “Ser Pilo Paga”, el transformar la beca en crédito generará una situación de malestar social y de opinión negativa para el gobierno.

47. No importa cuál sea el promedio y la nota final que obtengan los estudiantes de Ser Pilo Paga. Sólo basta que aprueben, sin ningún compromiso adicional. Mientras tanto, en la mayoría de reglamentos de las IES, los estudiantes becados deben tener promedios altos para renovar su beneficio.

48. Una vez que se gradúen como profesionales, ningún egresado de Ser Pilo Paga está obligado a retornarle nada al Estado por la inversión el país está haciendo por él ahora. Aumentará la tributación (dicen los analistas), pero no habrá una debida retribución social.

49. Las IES acreditadas institucionalmente no tienen ningún compromiso formal con los resultados de Ser Pilo Paga. Su único esfuerzo es no perder ese ingreso. Nada más. No deben rendir ninguna cuenta si el retiro de estudiantes del programa se llega a dar por falta de acompañamiento de la IES.

50. El Estado no negoció ninguna clase de descuento en el valor de la matrícula  con las IES acreditadas por enviarles (como un regalo “caido del cielo”), cientos de estudiantes adicionales a los que tenían programas, y que en el caso de universidades como Los Andes, por ejemplo, le podrían representar, si se mantiene la tendencia de ingresos de bachilleres del programa en estos cuatro años, un adicional aproximado de 150 a 200 mil millones de pesos.

51. “Ser Pilo Paga” desarraiga de su región de origen a los mejores bachilleres de departamentos como Nariño y Magdalena, por ejemplo, en donde no hay una sola IES acreditada institucionalmente.

52. Los recursos de Ser Pilo Paga provienen del presupuesto público, y en la primera versión del programa el 85% de las matrículas se dieron en IES privadas.

53. IES acreditadas institucionalmente reciben estudiantes de Ser Pilo Paga en algunos de sus programas que no tienen acreditación de alta calidad.

54. IES no acreditadas institucionalmente no pueden recibir estudiantes de “Ser Pilo Paga” en sus programas acreditados en alta calidad, así sean los únicos pregrados acreditados en una región y ésta no tenga IES acreditadas institucionalmente.

ICETEX SOLO PARA ACREDITADAS

55. En cerca del 70% de departamentos del país no hay presencia de una sola IES acreditada institucionalmente.

56. En 11 de los 33 departamentos del país no hay un solo programa acreditado en alta calidad.

57. En cerca del 75% de municipios del país no hay oferta de programas acreditados en alta calidad.

58. Del total de créditos otorgados hasta ahora por el Icetex, el 51% corresponde a IES no acreditadas contra el 49% a IES acreditadas.

59. Hay programas, a manera de ejemplo los de Gastronomía o Mecánica Dental, que no cuentan con un solo pregrado acreditado en el país. Según la extensión de la política del gobierno, ¿estos no serían importantes para el desarrollo del país?.

60. En la práctica hay menos progamas acreditados de los que la misma ministra y el SNIES señalan, pues aún mantienen como acreditados un buen número a los que su acreditación ya se les venció.

61. Orientar los créditos del Icetex únicamente para IES y programas acreditados es sacar de su lugar de origen a estudiantes que recurran a este crédito, y elevarles su costo económico y social de estudio.

62. Con la nueva política, ¿podrían cubrir una eventual alta demanda de estudiantes las IES acreditadas sin sacrificar su calidad y adecuadas condiciones de infraestructura?. Vale recordar que la mayoría de las universidades públicas se han quejado que su capacidad operativa está cercana al límite.

63. La deserción en el sistema de educación superior en 2.014 volvió a subir, ubicándose en el 47%. Las dificultades económicas y créditos son la principal causa de la deserción. Mover a los estudiantes de sus regiones de origen a estudiar en otras regiones y a precios más altos, impactará aún más negativamente en la deserción.

64. El promedio de valor de matrícula en las IES privadas acreditadas institucionalmente o con programas acreditados es mayor que las que no tienen acreditación (cerca del 20% en promedio).

65. Las deudas que deberán contraer los estudiantes que vayan a IES acreditadas aumentarán con los gastos de desplazamiento y ubicación en otras ciudades.

66. En departamentos como el Meta, no hay ninguna IES acreditada institucionalmente y ninguna privada con pregrados acreditados, y la única que tiene programas acreditados en alta calidad es la pública Universidad de Los Llanos (evaluada por Transparencia por Colombia como la segunda universidad pública con mayor riesgo de corrupción en el país).

67. Más de la mitad de las 38 IES acreditadas institucionalmente (20) no superan el 40% de sus pregrados acreditados en alta calidad. Hay IES no acreditadas en alta calidad que superan ese promedio.

68. Hay un importante número de IES no acreditadas institucionalmente con mejores resultados en grupos de investigación, de Colciencias, que un importante número de IES acreditadas institucionalmente.

CREDITO ESTUDIANTIL

69. El Programa Tú Eliges y las nuevas políticas del Icetex condicionan el crédito educativo, entre otros aspectos, a los resultados de las pruebas Saber 11, cuando miles de ellos son egresados de instituciones públicas (formación a cargo del Estado) que son los que en su mayoría obienen resultados deficientes para poder calificar para obtener crédito.

70. Restringir el acceso al crédito educativo viola los principios constitucionales de equidad e igualdad, para un estado social de derecho como es Colombia, en donde el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación.

71. Atar la capacidad económica de los estudiantes con su nivel académico y la calidad de las IES va en contravía de lo que señala la Constitución Política: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igual sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se comentan”.

72. Los cálculos indican que cerca de 550.000 familias están endeudadas con el Icetex, 394.801 más que en el 2011, lo que representa el 23% de los estudiantes en el sistema.

73. Santos II derogó la Ley 1547, de 2012, de Santos I, que daba un subsidio del 100% de los intereses generados en los créditos del Icetex, y definió que ahora será el Ministerio deEducación Nacional el que defina los puntos de corte del Sisbén para otorgar el beneficio.

74. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo cerró la puerta a la universalización del crédito educativo del Icetex. En su artículo 61 es explícito en señalar que para la focalización de subsidios a los créditos del Icetex, los beneficiarios de créditos de educación superior que se encuentren en los estratos 1, 2, y 3, priorizados en el Sisbén, dentro de los puntos de corte establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y que terminen su programa, sólo pagarán el capital prestado durante su período de estudios, más la inflación causada de acuerdo con los datos publicados por el DANE.

75. El nuevo PND limita los beneficios de 0 interés real, es decir el IPC, pues hoy sólo el 3.6% de estudiantes se encuentren registrados en el Sisben y no como venía dándose a los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.

76. Programa como “Tú eliges” va en contra de la Ley 1753 de 2015, o Plan Nacional de Desarrollo, pues pone condiciones para el crédito cuando la norma dice que “el Icetex podrá ofrecer opciones de crédito sin amortizaciones durante el periodo de estudios, sin exigencia de colaterales, que podrá incluir apoyos de sostenimiento diferenciales por el municipio o distrito de origen del beneficiario, y que cubran la totalidad de costos del programa de estudios”.

77. Las condiciones de préstamo del programa Tú Eliges puede llevar a que, en la simulación de las cuotas, los pagos se lleven hasta el 40% de los ingresos de los nuevos profesionales.

78. Una simulación del nuevo escenario muestra que cerca del 80% de los estudiantes que actualmente cuentan con el beneficio del ICETEX, con los puntajes que se exigen en el nuevo modelo, no tendrían la posibilidad de acceder al crédito.

79. La nueva política del Icetex privilegiará el crédito para estudiantes del Sisbén 1,2 y 3, con 280 puntos o más en Saber 11, pero cerca del 75% de los estudiantes de esos niveles de Sisbén, en las acreditadas, están por debajo de los 280 puntos, y el porcentaje sube al 88 en las no acreditadas.

80. De los 10 departamentos en donde hay IES acreditadas, 266.823 de sus estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11 de 2014-2 no lograron los 280 puntos exigidos para acceder a créditos de Icetex.

81. Las pruebas Saber 11 de 2014-2 muestran que el 77.10% de los bachilleres (417.808 jóvenes) quedarían por fuera de ingresar a las IES con crédito Icetex, pues tienen menos de los 280 puntos constituidos como requisito mínimo para optar por las opciones de crédito.

82. Según las Pruebas Saber 11, en 2014, el 72% de los mejores resultados se concentran en Valle, Bogotá y Antioquia.

83. En los departamentos del país, que no tienen ni IES ni programas acreditados se va a dar una preocupante exclusión del sistema de educación superior por parte del Estado, mismo responsable de brindar garantías de calidad educativa.

84. Con la nueva política de créditos a la demanda se da un golpe de gracia al Proyecto de Acceso con Calidad a la Educación Superior - ACCES,que por más de 10 años contribuyó, en alianza cn las IES, a favorecer el ingreso a las IES.

EDUCACION TERCIARIA Y COBERTURA

85. Una de las principales apuestas de este gobierno en educación superior quedó registrada en el Plan Nacional de Desarrollo como Sistema de Educación Terciario. El sector ha escuchado pero no debatido a fondo lo que el Ministerio espera del tema, ni el detalle de cuál será su organización y cómo participarán los actores.

86. La gran apuesta de los dos gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos I para fortalecer, incentivar y financiar la educación técnica y tecnológica, prácticamente desapareció.

87. Hay un especial interés de parte del Ministerio de buscar una válida salida de formación profesional superior a egresados de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, especialmente los del Sena, a través del Marco Nacional de Cualificaciones, el Sistema de Créditos y la educación terciaria, mas el país no ha definido el escenario formal en donde deban reunirse todos los actores del sector (ACIET – ASENOF – Empresas…), a discutir y sentar posiciones, más que a oír las intenciones del Gobierno.

88. Cuando la hoy ministra de Educación fue directora del Sena (2013-2014) anunció como un hecho la pronta acreditación institucional de alta calidad de esa entidad. Eso aún no se ha logrado, y para los académicos, podría tomar años, porque esa institución operativamente está muy alejada del cumplimiento de todos de los lineamientos para la acreditación.

89. El SENA aporta 1 de cada 4 matriculados en el sistema de educación superior colombiano. Sus estudiantes no requieren Icetex, porque el Estado transfiere a dicha entidad anualmente más de 3 billones de pesos (mucho más de lo que transfiere a las 32 universidades públicas).

90. La gran mayoría de las más de 4 mil instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano no cuentan con proceso alguno de certificación de calidad.

91. El país debe sentar a conciliar, en la misma mesa, las instituciones de educación superior, que tienen autonomía, no ánimo de lucro, formación académica y control central desde el Ministerio de Educación, con instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano, sin autonomía pero con ánimo de lucro, formación por competencias laborales y bajo el control de las secretarías de educación.

92. Es preocupante el marchitamiento y tasas de deserción de los programas técnicos profesionales y tecnológicos de las IES, sin que se vea un salvavidas para ellas.

93. Es mínimo el porcentaje de programas técnicos profesionales y tecnológicos, así como IES de ese nivel, con acreditación institucional de alta calidad. La nueva política del Icetex debilitará, aún más, estos niveles educativos.

94. Santos 1 no logró su anuncio – meta de llegar al 50% de cobertura en educación superior. Santos II replanteó la meta de cobertura en educación superior y la bajó del 60% estimado al 57%, a 2018.

95. Políticas de financiamiento del Icetex golpearán la cobertura, que cerró 2014 en cerca del 47%, 20 puntos por debajo del promedio de los países miembros de la OECD, a los que aspira a ingresar Colombia. Si quiere elevar su tasa de cobertura lo hará con el nuevo concepto de educación terciaria (educación superior más educación para el trabajo y el desarrollo humano), y un muy alto porcentaje de formación post-secundaria lo conformará la capacitación instrumental y operativa y no la profesional.

96. El Estado tiene participación minoritaria en FODESEP (órgano creado en la Ley 30 para fomentar la agremiación de IES y buscar mecanismos de apoyo a la demanda), y, sin consultar a los rectores de las IES que son mayoría en el Consejo Directivo de esa entidad, ha pretendido eliminar ese organismo.

CLASIFICACION DE IES

97. Clasificar públicamente las IES (así no se le llame a esto ranking), fomenta los prejuicios sociales sobre la calidad y percepción en torno de las IES, en vez de fomentar su desarrollo.

98. Si para el país la acreditación es voluntaria y temporal (Ley 30 de 1992), ¿por qué el Estado promueve una clasificación pública en donde se vuelve requisito imperativo para tenerla?.

99. Ninguno de los rankings internacionales que consideran la educación superior colombiana, reúne a la totalidad de IES del país.

100. Las clasificaciones tienen rigor y validez cuando las IES evaluadas y clasificadas han partido del mismo escenario y oportunidades (como la largada de una carrera de autos), y por el contrario son perjudiciales cuando desde el origen, contexto, financiamiento y condiciones económicas, se marcan unas radicales diferencias entre unas y otras.

Una reflexión final: ¿Será cierto lo que dice el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que “asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”?

 Fuente: El Observatorio de la Universidad Colombiana

 

Únete a nuestro boletín

Registrate para recibir información acerca de nuestras actualizaciones, noticias y eventos.

Hay 115 invitados y ningún miembro en línea